El Real Decreto-Ley 7/2021, de transposición de Directivas europeas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, ha modificado la Ley General de Consumidores y Usuarios (LGDCU), ampliando a tres años el plazo de “garantías” desde la entrega de bienes materiales, y de dos años en el caso de contenidos o servicios digitales; ampliando a diez años el de disponibilidad de repuestos; ampliando el ámbito de aplicación de la LGDCU a todos aquellos contratos de suministro de servicios digitales en el que el consumidor o usuario se comprometa a facilitar sus datos personales. La normativa también introduce el concepto de Bienes con elementos digitales.

Con motivo del alcance de esta modificación, los grupos políticos solicitaron al Gobierno la tramitación de un Proyecto de Ley que permitiera su debate y estudio. Por su parte, la Federación Catalana de Talleres de Reparación de Automóviles (Fecatra) ha expuesto sus inquietudes y demandas a los grupos parlamentarios respecto de la tramitación del nuevo Proyecto de Ley, a los que traslada una propuesta de enmiendas.

En el actual marco legal, Fecatra indica que la garantía al consumidor la debe ofrecer en primer término el concesionario (no el fabricante) sobre el vehículo vendido y el taller reparador (no el proveedor del recambio) sobre el recambio instalado.

“Hace tiempo que el sistema hace aguas pues supone una contingencia económica difícil de cuantificar y prever al estar fuera del margen de actuación de los concesionarios/servicios oficiales/multimarcas/talleres independientes que, en caso de no llegar a un acuerdo voluntario con el fabricante/proveedor, se ven obligados a acudir a los tribunales para recuperar la indemnización que tuvo que pagar al consumidor”, explican desde la federación.

Igualmente, señalan que “endurece más la situación la irrupción de la informática gobernando la electrónica del vehículo, cuyo ritmo de actualización es exponencial, y que genera un mercado donde es tremendamente fácil de monitorizar y restringir su acceso al exclusivo ámbito del fabricante, limitando directamente la actuación de concesionarios, servicios oficiales, multimarcas y talleres independientes, a los que el consumidor se dirige en caso de reclamación por faltas de conformidad de los bienes”.

En opinión de Fecatra, hay unos puntos clave en los que debe actuar el legislador para que la nueva norma se ajuste a las indicaciones de la Unión Europea:

• “Que ante las faltas de conformidad, se contemple reforzar la posición del reparador/vendedor con respecto al fabricante o distribuidor mediante un mecanismo de respuesta conjunta".
• "Se recoja el concepto de 'reparabilidad' no cautiva como garantía de la durabilidad de los productos; barrera para la obsolescencia programada; prevención de la generación de residuos y piedra angular para la resiliencia y sostenibilidad de todos los agentes de la posventa”.
• “Se reconozca que los servicios digitales en los bienes no limiten ni su durabilidad ni su funcionalidad principal, de acuerdo a su naturaleza (que el vehículo no deje de circular, que el frigorífico no deje de enfriar, que el Smart watch no deje de dar la hora, etc.), ni la libre elección del consumidor del reparador”.

Las peticiones de Fecatra recogen el espíritu de la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre el tema “Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores” (2020/2021(INI)), que recoge hasta en siete ocasiones el concepto de “reparabilidad” de los bienes, además de solicitar a la Comisión aplicar una “Estrategia de reparación” (en concreto puntos 10 y 11 de la Resolución) a través del “derecho de reparación” de los consumidores, “mediante el etiquetado obligatorio relativo a su durabilidad y reparabilidad”, “alentando la reparación en vez de la sustitución” y la “bonificación del artesano” que promueva la reparación.

Por el contrario, según Fecatra, el RDL 1/2007 LGDCU tras la trasposición, “ni una sola vez recoge el término o concepto 'reparabilidad' de los bienes”.