A partir de 2022, todos los nuevos modelos de coches deberán incorporar de serie, de forma escalonada, ocho sistemas de ayuda al conductor (ADAS). Se trata de una de las medidas que ha adoptado el Parlamento Europeo para conseguir su objetivo de reducir 25.000 víctimas mortales y 147.000 heridos por tráfico de vehículos en Europa en 15 años.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2144, ya en vigor, a partir del próximo año los fabricantes deberán ir equipando los nuevos vehículos con sistemas como el asistente de velocidad inteligente, de emergencia de mantenimiento en el carril, alcoholímetros anti arranque, advertencia de somnolencia y pérdida de atención, frenado de emergencia con protección especial a usuarios vulnerables de la vía pública, registrador de datos, entre otros.

Estos sistemas podrían prevenir el 40% de los siniestros, el 37% de las lesiones y hasta el 29% de las víctimas mortales, de acuerdo con datos del Proyecto VIDAS desarrollado por Bosch y Fesvial.

La norma estipula que los fabricantes deberán permitir el acceso a la verificación de estos sistemas de ayuda al conductor por las autoridades y los centros de ITV durante toda la vida útil del vehículo. Para ello, se deben aprobar reglamentos individuales de cada uno de los ADAS para definir cómo deben funcionar y cómo se deben comprobar en la ITV.

El sistema de emergencia de mantenimiento de carril ya dispone de Reglamento específico (UE 2021/646), regulando su comprobación en la ITV por medio de los sistemas de chequeo del sistema del vehículo y por comprobación de la centralita de gestión. Además, establece que los fabricantes deberán asegurarse de facilitar la información técnica para su comprobación en la ITV por medio de la mencionada centralita.

Esta necesidad en cuanto al suministro de información por parte de los fabricantes ha sido requerida por las autoridades competentes y así se refleja también en el Reglamento específico del sistema de asistencia de velocidad inteligente, cuya publicación se prevé próximamente.

Desde Aeca-ITV destacan que las estaciones de ITV de España podrán estar preparadas en breve para la verificación de los sistemas ADAS. “Una comprobación que será esencial para garantizar el correcto funcionamiento de esta nueva tecnología y su aporte a la mejora de la seguridad vial, para lo que resulta esencial que los fabricantes faciliten la información técnica para el uso de su comprobación y verificación”. Según la asociación, “si no se realiza, nos podríamos encontrar en un futuro muy cercano con vehículos equipados con sistemas de seguridad avanzados, con alta dependencia en la conducción del usuario en ellos, y sin que se pueda verificar el estado de los mismos”.

Aunque desde el 20 de mayo de 2020, el Reglamento 2019/621 obliga a los fabricantes de vehículos a facilitar los datos técnicos para realizar la ITV, “de momento algunos de ellos no lo están haciendo”, señalan desde Aeca-ITV, asegurando que “algunos fabricantes no están permitiendo un acceso factible y fácil a esta información por tres causas: el formato de los datos no es estructurado y la plataforma no es común, algunos fabricantes no suministran información técnica y muchos de los que lo hacen, lo pretenden cobrar, en contra de lo establecido en el propio reglamento”.

Guillermo Magaz, director gerente de Aeca-ITV, recuerda que “es vital que dentro del marco de la homologación de vehículos se siga teniendo en cuenta la comprobación de los sistemas de seguridad que equipan los mismos por parte de las autoridades competentes en la ITV y se pueda comprobar su estado durante toda la vida útil del vehículo, de manera oportuna y coherente, fácilmente accesible, sin restricciones y carente de discriminación, como establece la legislación. Es decir, sin costes ni otras restricciones que impidan un acceso fácil y en igualdad de condiciones a la información técnica del vehículo”.

Desde la asociación insisten en la necesidad de una reglamentación futura mucho más precisa para la comprobación de los nuevos sistemas en la ITV de cara a evitar incumplimientos, sin que el acceso a esta información suponga un coste económico, ya que iría en perjuicio de la seguridad vial y la protección medioambiental.