Suscríbete
SuscríbeteSu presidente, Raúl Palacios, reclama el desarrollo de una estrategia de rejuvenecimiento que “no repita los errores de los Renoves pasados”.
Faconauto considera que dará certidumbre a los compradores y evitará que se pare un mercado de vehículos eléctricos que, en nuestro país, está lejos de alcanzar los niveles que se necesitan.
Un VO electrificado, con solo dos años, cuesta de media 36.700 euros, por lo que el desembolso llegaría a los 257 millones, con un ahorro del 15%, según Autoscout24.
Asociaciones de automoción y vehículos piden al nuevo Gobierno un modelo que pase por la colaboración público-privada, una cultura de incentivación y no de limitación, y el rejuvenecimiento del parque español.
Ambos órganos de la asociación han ratificado la adhesión de dos nuevos socios, BYD y DSFK, con los que suma 57 marcas asociadas.
En eMobility Expo, recuerda que quedan 2.100 millones de euros que movilizar en 2023 y avanza el lanzamiento de una nueva línea de financiación para baterías.
Supone para la entidad una nueva oportunidad para salir del estancamiento que sufre nuestro país en el desarrollo de la electrificación del parque e integrar al vehículo privado en una estrategia de movilidad y transporte más amplia.
La patronal valora la aprobación de la amortización acelerada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 pero la considera una medida “insuficiente”.
Para consolidar la posición de España como segundo productor de vehículos a nivel europeo en la nueva movilidad, las asociaciones defienden que hay que transitar hacia ella garantizando la neutralidad tecnológica, al mismo que se impulsan las ventas de vehículos electrificados.
A juicio de la patronal, los objetivos de descarbonización del transporte planteados por Bruselas de cara a 2035 resultan inasumibles sin ocasionar un grave y serio perjuicio económico y social para agentes y servicios oficiales.
La patronal de la distribución de vehículos pretende mostrar su preocupación por la estrategia española en material de transformación digital y ecológica.
Anfac valora positivamente la puesta en marcha del grupo de trabajo con el fin de impulsar el despliegue de infraestructura de recarga en nuestro país.
“Somos la voz de los empresarios de este país y tenemos que ser tenidos en cuenta ante este tipo de decisiones”, subraya el presidente de la patronal de los concesionarios.
Sin embargo, a la asociación le preocupa el plazo disponible para la presentación de los proyectos, lejos del compromiso de un mínimo de 60 días de ventanilla abierta.
Según la patronal, las bases reguladoras, ya publicadas en el BOE, excluyen de forma expresa a las “actividades de intermediación o las que tengan como destino el consumidor final”.
La asignación de fondos se hará con arreglo a la inversión que realice cada empresa y que de la línea de casi 2.975 millones convocada este año, 1.425 millones se concederán en forma de préstamos y otros 1.550 millones a través de subvenciones.
La Alianza por la Industria pide al Gobierno medidas urgentes por los elevados precios de la electricidad y el gas, que continúan triplicando los precios habituales.
La Comisión Europea aprueba 3.000 millones de euros en ayudas, que corresponden a la parte industrial del proyecto.
En sus intervenciones, destacaron el compromiso del Gobierno con los proveedores de automoción en el marco de los fondos Next Generation, el PERTE VEC y los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
El presidente de Gobierno, reunido con la Junta Directiva de Anfac, también destaca la puesta en marcha de un órgano de seguimiento y gobernanza para coordinar y monitorizar el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica en España.