En el transcurso de una rueda de prensa, Faconauto ha pedido hoy a todos los grupos parlamentarios que apoyen con su voto la enmienda presentada por el PdCAT que supone un cambio en la Ley de Agencia y que proporcionaría a los concesionarios el derecho a una indemnización “justa” cuando la marca decida cancelar su contrato de manera unilateral. De esta manera, se aseguraría la viabilidad y el empleo de las pymes que se vieran afectadas por estas reestructuraciones.

Según informa la patronal, la modificación que se propone a la Ley de Agencia sólo pretende establecer un mínimo marco indemnizatorio para los concesionarios en caso de extinción unilateral del contrato que los vincula con sus marcas en tres aspectos muy concretos: inversiones no amortizadas, fondo de comercio y personal laboral ligado a su actividad.

La propuesta actual supone una reducción sobre los planteamientos anteriores y representa la voluntad de Faconauto de alcanzar un marco consensuado. Muestra de esa voluntad fue la retirada, en junio de 2022, de la enmienda presentada en el mismo sentido, también por el PdCAT, para iniciar un proceso de diálogo con los fabricantes, que finalmente no fructificó.

Un cambio urgente

Para Faconauto, el apoyo a la citada enmienda es “urgente” porque “actualmente hay una clara tendencia de las marcas a la concentración o a que los contratos de distribución pasen a ser de agencia, lo que lleva consigo una cancelación de sus contratos vigentes”. En este sentido, la patronal pone el ejemplo de Stellantis, que culminará en pocas semanas el cierre de 129 concesionarios, o de Jaguar, cuya red pasará de tener 48 concesiones a solo cinco.

Durante el encuentro con los periodistas, la patronal de los concesionarios ha justificado también la necesidad de este cambio legal debido al importante papel que desempeña en España la distribución de automóviles, vehículos industriales y maquinaria agrícola, que representa el 2,7% del PIB y proporciona empleo directo y de calidad a más de 153.000 personas y a 456.000 de forma indirecta a lo largo de toda la geografía nacional, contribuyendo a la cohesión social y a generar riqueza en todos los entornos.

Una excepción en Europa

Por otro lado, desde Faconauto han recordado que actualmente la actividad de los concesionarios en nuestro país sólo se ve amparada por normas europeas, sin que entren en aspectos esenciales para el sector, y también por el derecho general español. Por el contrario, prácticamente en todos los países de nuestro entorno el sector tiene algún tipo de norma específica.

En este sentido, en mercados de nuestro entorno, en los cuales la distribución también tiene un importante peso en su economía, se han introducido recientemente modificaciones legislativas similares a las que propone Faconauto. En Italia, se aprobó en agosto de 2022 un marco regulatorio parecido a la que incluye la enmienda del PdCAT. De igual forma, en noviembre del año pasado, el Grupo Republicano de la Asamblea Nacional francesa propuso una modificación al actual Código de Comercio galo que garantizaría que las inversiones exigidas a los concesionarios sean razonables según el contexto económico.

“No entenderíamos que todos los grupos parlamentarios no apoyaran la propuesta del PdCAT porque todos ellos la han considerado de mínimos, razonable y necesaria en este momento”, ha dicho el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, para quien “necesitamos que los partidos políticos aprueben este equilibrio legal para asegurar las importantes inversiones que hacen los concesionarios en cada rincón de nuestro país. Sin este amparo legal, cuando una marca decide de la noche a la mañana reestructurar su actividad, como ahora mismo está ocurriendo, se pone en riesgo un tejido muy valioso formado por pymes y miles de puestos de trabajo cualificados”.

Por su parte, Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, ha señalado que “la propuesta de cambio legal hecha por el PdCAT es una apuesta explícita por la pyme española. Además, es buena para todas las partes porque daría tranquilidad a los concesionarios para seguir invirtiendo en las marcas que distribuyen vehículos en nuestro país. La automoción en España precisa de plantas de producción y de grandes proyectos, así como la disposición de fondos económicos para los mismos, pero también necesita que se apoye y se dote de una certidumbre jurídica al tejido que representan los concesionarios, compuesto por 2.000 pymes y más de 5.000 puntos de venta que generan riqueza, empleo y cohesión social desde hace más de medio siglo”.