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La asociación española Aeca-ITV y la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial), firmantes de la Carta Europea de la Seguridad Vial de la Comisión Europea, han presentado el primer estudio sobre el Estado Técnico del Parque de Vehículos Español de Transporte Escolar Colectivo, según el cual cerca del 80% de estos vehículos, entre los que se incluyen autocares y microbuses, aprueba la ITV. Una cifra superior al 73% de validación positiva que reciben los vehículos destinados al transporte colectivo general de personas, lo que evidencia que los vehículos de transporte escolar se encuentran en mejor estado que aquellos de su categoría que se utilizan para otros fines.
“Este mejor rendimiento se debe, en parte, a la menor antigüedad de los vehículos TEC, cuya edad media es de 10,1 años para autocares y 10,9 años para microbuses”, declara Guillermo Magaz, director gerente de Aeca-ITV, quien resalta el papel que desempeña la ITV en garantizar que este tipo de vehículos cumplen con las condiciones técnicas requeridas. “En la actualidad, la siniestralidad de los autocares escolares es mínima; de hecho, desde 2012 no se han registrado muertes en siniestros viales relacionados con el transporte escolar en España, pero para que los estándares de seguridad se mantengan todos los vehículos de transporte escolar deben tener su ITV en vigor”.
El informe revela que los vehículos de TEC que no superan la inspección técnica presentan, en promedio, 2,7 defectos graves o muy graves y 1,8 defectos leves. En cambio, aquellos que pasan la ITV presentan, de media, 0,9 defectos leves. Estas cifras son comparables con las de otros vehículos de transporte colectivo de personas, lo que refleja un patrón similar de problemas técnicos en la flota. En cuanto a los principales problemas detectados en estos vehículos están:
Por otro lado, el estudio subraya la importancia del mantenimiento y las inspecciones técnicas para garantizar que los vehículos destinados al transporte escolar estén en condiciones seguras para circular. Además, recomienda a “empresas de transporte, centros educativos, asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAS), administraciones públicas, así como todas aquellas entidades que tengan competencia y compromiso en materia de seguridad vial y protección”, comprometerse con la seguridad de los pasajeros, el cumplimiento de la normativa aplicable, la detección temprana de problemas y la sostenibilidad del transporte escolar, para contribuir así a la protección de la vida y seguridad de los menores que confían diariamente en estos vehículos.
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