De todas las operaciones de compraventa de vehículos entre particulares, alrededor de un 10% son ventas 'pirata', lo que supone unas 95.000 unidades vendidas de modo fraudulento y que se cierran entre particulares 'concesionarios ambulantes' en grandes aparcamientos de centros comerciales o en plena calle y particulares que, pretendiendo abaratar su compra, se encuentran sin su garantía sobre su compra que les ampare; sin un contrato de compraventa (exento de cláusulas abusivas); sin el documento que acredita el historial de revisiones del vehículo o la propia factura de la operación; lo que hace que estas ventas sean menos fiables y seguras.
Para Ganvam esta práctica supone una clara competencia desleal para los concesionarios de marca y compraventas que operan conforme a la ley ya que no cuentan con las autorizaciones municipales para desarrollar su actividad, no pagan impuestos ni están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Este mercado negro genera al sector automovilístico unas pérdidas anuales de 300 millones de euros y promueve la economía sumergida.
Y es que esta venta representa también un fraude a la Hacienda Pública al evadir el pago de los impuestos relacionados con el IVA o el Impuesto de Sociedades que los concesionarios y compraventas profesionales liquidan religiosamente conforme a los plazos legalmente establecidos.
Lo que hace años era un fenómeno aislado se ha convertido con la crisis en un lucrativo negocio en manos de mafias y particulares que se hacen pasar por vendedores profesionales para comercializar vehículos de segunda mano en un escenario poco común: la vía pública. Tanto es así que desde sus inicios, la crisis ha actuado como detonante en el aumento de esta práctica ilegal hasta llegar a aumentar un 20% desde el año 2007, según estimaciones de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM).
Con el fin de erradicar esta práctica, Ganvam viene defendiendo la puesta en marcha de una norma de ámbito estatal, tomando como antecedente las ordenanzas municipales aprobadas, entre otras, por los municipios de Madrid y Barcelona, y que prohíben expresamente la venta de vehículos en la vía pública, con apertura de expediente sancionador y multa en caso de incumplimiento.
En este sentido, Ganvam recuerda que se ha dirigido en distintas ocasiones a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de que estas medidas adoptadas hasta ahora minoritariamente por algún ayuntamiento se extiendan de manera única a todos los municipios de España para terminar con esta venta ilegal.
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