Los talleres se han reunido en Asamblea Extraordinaria del Gremi, el pasado 12 de mayo, para tratar las acciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de anulación de la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. Los asociados han encomendado a su asociación seguir con la oposición razonada frente a la desproporción de las restricciones a la circulación, así como volver a hablar con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y buscar consenso para flexibilizar el planteamiento municipal inicial.

“Había satisfacción -al menos el Tribunal nos ha escuchado- pero el sinsabor en la asamblea era también presente”, explica el presidente, Celso Besolí. Y es que, según informa el Gremi, “el Ayuntamiento sigue aplicando la ordenanza (la sentencia no es firme) y en lugar de anunciar empezar a trabajar en un nueva ordenanza y reunirse, por ejemplo, con el Gremi y las otras cinco asociaciones que recurrieron, anunció 'una batería de recursos' contra la sentencia, que sólo generará más incertidumbre, costes y retrasos”.

En general, los participantes en la Asamblea valoraron “muy positivamente” el resultado de las acciones y, en concreto, los argumentos de la sentencia del TSJC que anula la Ordenanza ZBE de Barcelona y viene a ratificar lo que muchos talleres afectados por la ZBE denunciaban: “la ZBE les afecta directamente y que el Ayuntamiento tiró por el derecho sin escucharlos”.

Desde el Gremi de Talleres de Barcelona recuerdan que la autorización para la prueba dinámica -imprescindible para el diagnóstico y/o comprobación de la reparación de vehículos- que el Gremi propuso y que el Ayuntamiento aceptó finalmente, vino precedida por el pronunciamiento de la Secretaría del consejo para la unidad de mercado: “[...] la actividad de los servicios de reparación en su conjunto no incrementa la emisión de gases, sino que los reduce. En definitiva, cabría valorar la posible existencia de opciones menos restrictivas de la actividad económica. [...] Ese análisis debería tener en consideración que los talleres tienen que hacer pruebas dinámicas de diagnóstico de la avería y de comprobación de la reparación, requiriendo para ello más de una jornada laboral”.

A pesar de la prueba dinámica, los talleres han visto reducir la entrada de vehículos sin distintivo, el cliente duda antes de invertir en ellos y muchos se cambiaron el vehículo a raíz de la ordenanza. Lo peor, según manifestaron los talleres, era “el desconcierto generado a los usuarios finales, ahora incluso con la sombra volando sobre los vehículos con el distintivo B, de los que se habla sin que ninguna norma prohíba su circulación”. Por ello, a la Asamblea se invitó a dos abogados especialistas en reclamación patrimonial contra la Administración para resolver las dudas de los talleres afectados.

Los talleres solicitarán mejorar la normativa de homologación para promover las innovaciones tecnológicas que reduzcan las emisiones o incluso transformen vehículos ya matriculados. “Esto no sólo depende de Madrid”, afirman desde el Gremi. “Las ordenanzas municipales pueden prever excepciones para vehículos sometidos a esta inversión y promocionar de forma expresa para que el retrofit sea una mejora más y natural a lo largo de la vida útil del vehículo”.

En palabras de Besolí, “los vehículos son los únicos productos homologados a los que la Administración les ha acortado tácitamente su vida útil. Pensemos en los vehículos nuevos. Su adaptación tecnológica a lo largo de su vida útil para que sean más eficientes debería ser un opción más para el usuario”.

Finalmente, el Gremi de Talleres de Barcelona se ha reunido con las demás asociaciones que recurrieron la ordenanza y han acordado solicitar conjuntamente una reunión al Ayuntamiento de Barcelona, AMB y Generalitat de Cataluña. Según el presidente del Gremi, “esperamos que esta vez sí nos escuchen y se comprometan con el consenso”.