El pasado mes de marzo, Cetraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto presentaban una denuncia al Estado español ante el Parlamento Europeo por incumplir cuatro Directivas comunitarias y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que, según las asociaciones, “estarían facilitando las malas prácticas de las aseguradoras y el importante desequilibrio existente en la relación que ocasiona graves perjuicios económicos a los talleres”.
La admisión a trámite de esta denuncia ha hecho que las asociaciones lancen una campaña de recogida de firmas con el fin de obtener el respaldo de los talleres. Para ello, se ha creado una página web que describe el procedimiento para sumarse de manera online a la denuncia.
¿Qué recoge la denuncia?
Con esta denuncia, las cuatro asociaciones solicitan que “el Parlamento Europeo se posicione sobre el citado incumplimiento que sustenta las malas prácticas y se obtenga una solución que, basada en el respeto al marco jurídico comunitario, termine con la desequilibrada relación actual de talleres y aseguradoras, dando origen a un marco más equitativo”. Según los representantes de los talleres, las actuaciones de las aseguradoras incluyen agravios como la fijación de los precios/hora sin respetar aquellos establecidos por el taller ni el importe a abonar por el siniestro, y sin que a los talleres se les reconozcan todas las horas de trabajo que invierten en las reparaciones.
Los denunciantes señalan también que “los baremos confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras son empleados para que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones que deben asumir, actuando en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene por qué ajustarse al tratamiento de la reparación de cada taller ni a su estructura empresarial”.
Además, las asociaciones indican que “en España puede producirse una colusión tácita entre aseguradoras, a tenor de la tendencia a la bajada de sus precios, que no ha ocurrido en otros Estados, así como a la determinación de precios de la reparación a través de los convenios CIDE y ASCIDE”. Asimismo, la dependencia económica de los peritos no permite, según los denunciantes, “garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación”, por lo que sugieren resolver el problema creando un órgano supervisor que designe a los peritos de forma independiente y ante el cual se reclamen las malas prácticas.
Tampoco se olvidan las asociaciones de la práctica de las aseguradoras que “imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar”, así como “determinadas exigencias que imposibilitan velar por la eficiencia y óptima calidad de la prestación de servicios que proporcionan los talleres de reparación”.
Por último, la denuncia recoge que "algunas compañías aseguradoras comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor". En esa misma línea, las asociaciones denuncian que "algunas entidades, una vez ocurrido el siniestro, apremian al cliente para que lleve su vehículo a determinados talleres seleccionados, distorsionando el mercado al limitar y restringir la libre elección de taller por el consumidor, vulnerando el principio de igualdad y aprovechando el desconocimiento del asegurado".
Medidas enfocadas a facilitar la financiación, reorientar capacidades productivas o ayudar a encontrar nuevos mercados internacionales podrían constituir un apoyo a las empresas más damnificadas, según la asociación.
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