Un tercio de los vehículos de ocasión vendidos en España en el primer trimestre no pueden acceder a las zonas de bajas emisiones (ZBE) que están obligadas a tener los municipios de más de 50.000 habitantes. En concreto, un total de 150.080 unidades vendidas hasta marzo no tenía etiqueta medioambiental, un 8,2% menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos de MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam).
De acuerdo a las estadísticas, las ZBE, previstas en la Ley de Cambio Climático, no han impactado significativamente en la decisión de compra de los vehículos de ocasión; de hecho, las ventas de usados cero emisiones apenas han crecido un 1,2% en el primer trimestre, representando sólo el 1,5% de las ventas de ocasión (7.256 unidades).
Los usados más vendidos fueron los de distintivo C (coches gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel Euro 6), que registraron un volumen de 163.707 unidades hasta marzo, un 20,2% más que en el primer trimestre de 2022, mientras que los de distintivo B sumaron un total de 139.800 unidades vendidas. Por tanto, el 60% de los usados vendidos en el primer trimestre presentan restricciones a la hora de entrar en estas zonas.
“En un contexto en el que la edad media del parque alcanza los 14 años, las cifras muestran la necesidad de poner en marcha políticas eficaces para acelerar la consecución de objetivos medioambientales”. Por ello, desde la patronal de distribuidores oficiales e independientes se insiste en la puesta en marcha de un plan de achatarramiento eficaz que, respetando el principio de neutralidad tecnológica, incluya también incentivos a la compra de usados.
Según el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, “un enfoque tecnológico diverso, en el que se incluya el apoyo al Euro 6D o motorizaciones posteriores a noviembre de 2015, evitaría que grandes capas de la población se queden fuera de la movilidad de bajas emisiones por razones económicas. No olvidemos que la movilidad debe ser accesible y asequible. De lo que se trata es de reducir emisiones no tecnologías”.
Cerca del 25% de las baterías presentan fallos severos o críticos, según el último estudio de Carly, que muestra también que una falla severa tarda en desarrollarse 42 días de media.
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La Alianza por la Competitividad de la Industria Española reclama la eliminación definitiva, o al menos la suspensión, del impuesto a la producción eléctrica a partir del 1 de enero de 2025 ya que incrementa un 7% el precio mayorista.
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