La CNMC exige sólo una declaración responsable para instalar puntos de recarga de eléctricos
Competencia, reconociendo el trabajo de Aedive, señala que reclamar una licencia o autorización previa vulnera la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictaminado que las Administraciones Públicas sólo pueden exigir una Declaración Responsable para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, resolviendo así una petición de la Secretaría para la Unidad de Mercado (Secum) sobre los posibles obstáculos que existen en España para este tipo de infraestructuras de recarga. De este modo, Competencia reconoce públicamente el trabajo desarrollado por Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
La reclamación de una licencia o autorización previa por parte de las Administraciones Públicas, en lugar de una Declaración Responsable, vulnera el artículo 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Sólo se permite la licencia o autorización previa cuando las infraestructuras eléctricas se ubican en edificios considerados bienes de interés cultural o tienen una potencia superior a 3.000 kW. Por este motivo, la CNMC recomienda a las Administraciones Públicas que ajusten sus actuaciones a la LGUM y a la regulación sectorial.
En este contexto, Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive, ha resaltado que “es importante que las Administraciones Públicas cuenten con las asociaciones sectoriales como Aedive para aglutinar las cuestiones y demandas de los sectores implicados, a fin de agilizar el flujo de información y ganar efectividad”. Esta colaboración se ha plasmado de manera eficaz en este dictamen de la CNMC, “que hace posible despejar algunas barreras burocráticas en el despliegue de infraestructuras de recarga pública”, añade.
La asociación continuará trabajando para que el despliegue de puntos de recarga pública de vehículos eléctricos siga avanzando, habida cuenta del objetivo del PNIEC de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos matriculados a 2030. En este ámbito, la labor de los operadores de recarga (CPO), la supresión de ciertas barreras regulatorias en el marco del GTIRVE y un mayor conocimiento de los procedimientos están permitiendo agilizar la puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de infraestructuras de recarga en España.
Los riesgos más destacados de estos vehículos proceden de alquileres previos (8%), importaciones (5%) y accidentes o daños anteriores (1%), según un análisis de Carfax.
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