La Alianza por la Competitividad de la Industria Española defiende la eliminación del impuesto sobre el valor de producción de la energía (IVPEE), dado que incrementa un 7% el precio mayorista, el cual es repercutido al consumidor eléctrico industrial. El IVPEE supone una carga de cerca de 1.100 millones de euros anuales para los contribuyentes del sistema eléctrico, aunque desde su adopción ha alcanzado picos de 1.600 millones. En un escenario en el que, además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que el sector eléctrico registró un superávit de 3.902,9 millones de euros en el ejercicio de 2023, superando en 3.600,4 millones la previsión inicial de superávit para el ejercicio (+302,5 millones).

“Mantener este impuesto equivale a restar competitividad a la industria española frente al resto de Estados miembro de la UE, puesto que ninguno de ellos tiene implantado un gravamen similar. La supresión del IVPEE contribuiría a preservar la competitividad de la industria manufacturera española intensiva en electricidad”, afirma Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, para quien “es necesario eliminarlo definitivamente del sistema y ofrecer una señal precisa y a largo plazo a los inversores industriales”.

El objetivo inicial de este impuesto, establecido en 2012, se dirigía a armonizar el sistema fiscal con un mayor compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, según Carlos Reinoso, a fecha de hoy, con un mix eléctrico que difiere profundamente del que operaba en España en aquel momento, “la existencia del IVPEE puede incluso dificultar el cumplimiento de dichos objetivos al plantear barreras a la electrificación. Suprimirlo facilitaría la descarbonización de una parte de la demanda manufacturera, sirviendo de palanca adicional para la electrificación asociada a la transición energética de los sectores productivos”, explica.

Por otro lado, los sectores empresariales e industriales siempre han planteado que los objetivos sociales o medioambientales, los sobrecostes en la tarifa eléctrica derivados de decisiones políticas, así como las medidas impositivas asociadas, deben alcanzarse o satisfacerse a través de otros canales distintos de la factura energética, como por ejemplo se hace ya, en cierta medida, con la mitad de los costes de los territorios no peninsulares, señalan desde la Alianza, constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).

El coste energético de las industrias, asignatura pendiente

La Comisión Europea ha reconocido en diversas ocasiones que los altos precios de la energía constituyen una desventaja competitiva para la Unión Europea. De hecho, el pasado mes de septiembre, su presidenta, Ursula von der Leyen, manifestó que uno de los objetivos de su próximo Ejecutivo será hacer que el precio de la energía descienda de manera estructural a través de la diversificación de proveedores, la inversión masiva en fuentes de electricidad renovable y baja en carbono (nuclear) e incrementando la eficiencia energética.

El informe Draghi, encargado por la Comisión Europea, subraya que los costes de la electricidad en la UE son son entre dos y tres veces más elevados que en Estados Unidos. Según explica la Alianza, este diferencial se debe a varios factores, incluyendo la volatilidad de los precios energéticos, la incertidumbre sobre su evolución y la heterogeneidad regulatoria y fiscal entre los estados miembros. En este sentido, el informe pone de relieve la necesidad de armonizar las políticas energéticas y reducir los impuestos sobre la energía para mejorar la competitividad de la industria europea, entre otras medidas.

En España, el recién aprobado Anteproyecto de Ley de Industria reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas) y establece el compromiso del Gobierno de implantar medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética.

En este contexto, para la Alianza, "suprimir el IVPEE sería un ejercicio de coherencia con el marco que dibuja el Anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno: contribuir a la consecución de los objetivos de descarbonización manteniendo los niveles de competitividad del sector, con el impacto que ello tiene en la economía nacional". Constituiría, en su opinión, “un primer paso para reducir el coste energético que afronta la industria, contribuyendo a mejorar su competitividad”.