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La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) estima que el mercado de turismos va a cerrar este 2024 en torno al millón de unidades matriculadas, creciendo un 5% respecto al año anterior. Aunque se podría superar esa barrera, todo dependerá de la evolución de los últimos días del año, tras un inicio de diciembre en positivo. Una cifra que no se superaba desde 2019, previo a la pandemia, cuando se matricularon 1,26 millones de unidades.
En cuanto a las ventas de comerciales, se espera que alcancen las 166.000 unidades, mientras que el mercado de industriales supere las 32.000 unidades, con mejoras del 12% y 8%, respectivamente. Por su parte, los autobuses y microbuses lograrán un crecimiento del 19% y una previsión de 4.500 unidades.
El presidente de Anfac, Josep María Recasens, y el director general, José López-Tafall, daban todas estas previsiones durante el tradicional encuentro navideño con la prensa, celebrado el 12 de diciembre, en el que analizaron el cierre del año, “un año de lento progreso en la electrificación”, y los retos para 2025. Los directivos remarcaron, además, que hay un compromiso del Gobierno para poner medidas concretas para el sector, a partir del 1 de enero de 2025, y establecer un plan a largo plazo, en colaboración del Gobierno, para mantener la competitividad de la industria española en un año marcado por las exigencias de la normativa CAFE.
Según las previsiones de Anfac, las fábricas de automoción españolas alcanzarán un total de 2,4 millones unidades ensambladas, lo que mantiene un volumen de producción similar a 2023. Han influido al estancamiento de la producción durante 2024 la baja demanda en los mercados europeos y español, propiciada en parte por mensajes contrarios al uso del vehículo privado, junto con las repercusiones en la cadena logística debido a tensiones geopolíticas y los reajustes en las plantas por la introducción de nuevos modelos.
Tanto el presidente de Anfac como su director general aplaudieron las decisiones tomadas por el Gobierno tanto con el impulso de las diferentes ediciones del PERTE VEC, como la prórroga del Moves III hasta final de año. Al mismo tiempo, reconocieron la agilidad del Plan Reinicia Auto+ para ayudar a los damnificados por la DANA, un plan, que sin ser un plan sectorial sino de emergencia ante una situación devastadora, podría servir de ejemplo para un futuro plan de ayudas a la electrificación, sobre todo, por su agilidad en el cobro de las subvenciones. “Podría ser una punta de lanza para el futuro plan de ayudas directas a la electrificación y tiene que ser un éxito que sirva de ejemplo”, explicó Josep María Recasens.
El presidente de Anfac insistió en la necesidad de acelerar las ventas de vehículos eléctricos. “Le hemos dicho al Gobierno que el año que viene tenemos que vender 100.000 coches eléctricos, no electrificados, y tener 90.000 puntos de recarga; es decir, llegar a una cuota del 10% de eléctricos sobre el total del mercado”. Esto supondría prácticamente duplicar los eléctricos puros frente a los 55.000 turismos eléctricos con los que podría cerrar 2024.
Para ello, es indispensable para la patronal contar con ayudas a la electrificación que “a día de hoy, no tenemos para 2025, pero tenemos el compromiso del Gobierno para su continuidad el año que viene”, apuntó Recasens. Un aspecto “indispensable” para todos los socios de Anfac es que no se paralicen las ayudas para no confundir más al cliente y evitar un parón mayor en la venta de eléctricos.
En 2025 entra en vigor el nuevo tramo de reducción de emisiones de la normativa CAFE de la Unión Europea, en la que se pasará de un límite de 115,1 gramos de CO2 por kilómetro a 93,6 gramos, y para la cual, en caso de incumplimiento, las marcas en Europa pueden afrontar multas de hasta 15.000 millones de euros. Según explica Anfac, estas multas implican tanto a los fabricantes de turismos como a los vehículos comerciales e industriales, con el agravante de que los vehículos pesados llevan sin plan de ayudas en España desde abril de este año y continúa siendo inexistente la infraestructura de recarga pública de alta potencia para camiones y autobuses.
En este escenario, Josep María Recasens señaló que “estas multas sólo van a estar obligados a pagarlos aquellos fabricantes de automóviles que no cumplan los objetivos marcados. No las van a pagar ni las financieras, ni las aseguradoras, ni las energéticas ni los distribuidores, sólo los fabricantes de vehículos”. Por eso, desde Anfac esperan que se resuelva cuanto antes el debate surgido en Europa sobre qué va a pasar con las multas en 2025.
“Ningún fabricante pone en duda la fecha de 2035. Lo que se está debatiendo ahora mismo es si en 2025 va a haber multas o no y espero que este debate se resuelva cuanto antes porque estamos en el tiempo de descuento”, añadió el presidente, para quien el corto plazo, 2025, y el largo plazo, 2035, son complementarios, no excluyentes. De ahí que contar con ayudas directas a la compra ya el 2 de enero no choca con elaborar un plan a largo plazo para electrificar el país.
“Vamos a lanzar un Plan España Auto 2030 que ya estamos trabajando con los diferentes ministerios del Gobierno”, explicó Recasens. El plan tiene como objetivo que España siga siendo una referencia en la automoción y se convierta en un hub tecnológico y de innovación cuyo vector sea el vehículo eléctrico.
En este sentido, Josep María Recasens resaltó que “este plan ha de ser un compromiso país que, liderado por el Estado y el sector de la automoción, involucre a todas las comunidades autónomas y a todas las sensibilidades políticas, así como a todos los sectores de actividad implicados en la nueva movilidad”. Para Anfac, si España quiere hacer de la movilidad sostenible una apuesta de país, este plan “no ha de quedarse en el papel, sino que ha de pasar a la acción, contar con un presupuesto detrás y que no sólo implique a todos los sectores, sino que, a la vez, les exija mecanismos de seguimiento”.
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