La Alianza apela en el Senado al consenso en el trámite de la Ley de Industria
La entidad considera que el Proyecto de Ley, en tramitación parlamentaria, establece un marco positivo pero no aborda cómo financiar la reindustrialización ni la concreción de plazos ni recursos para el proceso.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, representada por su portavoz, Carlos Reinoso, y por su secretario, Mauricio García de Quevedo, ha comparecido en el Senado, apelando al consenso de las distintas de las distintas formaciones políticas en el trámite del Proyecto de Ley de Industria. “Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía. Sólo así los grupos políticos, sean del de signo que sean, demostrarían visión de país sobre el papel que debe jugar la industria en nuestro modelo económico y social”, subrayó Reinoso.
Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza.
En concreto, la Alianza ha puesto de relieve la contribución de la industria a la economía y al empleo en nuestro país. “Nuestras empresas generan el 60% del Producto Industrial Bruto, lo que supone una cifra de negocio de alrededor de 500.000 millones de euros”, expuso el secretario de la Alianza, explicando que estas empresas industriales generan más de 4 millones de empleos (directos, indirectos e inducidos), lo que representa el 24% de la población asalariada, siendo el 90% de los contratos, indefinidos.
“Tanto España como Europa se enfrentan a grandes desafíos como los dados por las agresivas políticas industriales de países como Estados Unidos -Ley de Reducción de la Inflación- y China -con subvenciones masivas a sectores estratégicos-”, aseguró García de Quevedo, poniendo de relieve el reto que también supone la fragilidad de las cadenas de suministro y la dependencia de terceros países en sectores claves.
Para hacer frente a estos desafíos, la Alianza se posiciona con Europa, apostando por las prioridades establecidas por Draghi: reforzar la autonomía estratégica, potenciar la competitividad industrial y fomentar la cohesión industrial sostenible de los 27. “Las principales prioridades que España debe establecer son fijar el modelo de financiación de la industria y establecer un modelo energético competitivo”, aseguró el secretario, para quien “es necesario un marco estable y predecible que fomente las inversiones a largo plazo, apoyado por políticas fiscales e incentivos adecuados”.
Mauricio García de Quevedo, secretario de la Alianza.
En esta línea, para la Alianza, es requisito ineludible que el nuevo marco que regule la industria introduzca un instrumento de financiación que actúe como palanca de impulso para la competitividad de las empresas industriales. La organización considera que esa financiación debería articularse sobre un fondo dotado de alrededor de 2.500 millones de euros anuales. Esta cifra es la que, según estiman, garantizaría la competitividad de activos industriales estratégicos para la economía española.
“Es importante articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los PERTE, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria”, explicó Carlos Reinoso. Y es que la Alianza viene apostando desde hace tiempo por seguir hacia la dirección señalada por Draghi: crear un instrumento basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas.
La agrupación de industrias valora de forma positiva el propósito y la disposición que muestra el Proyecto de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España. “No obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación, y sin la concreción de plazos y de recursos, todo quedará en buenas, sí, pero meras intenciones”, advierte el portavoz. Asimismo, la Alianza considera que, para impulsar una verdadera reindustrialización de España, el nuevo marco legislativo debe simplificar de la burocracia administrativa y evitar introducir más cargas en este sentido. Además, subraya que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.
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